El problema inflacionario

Los congelamientos parciales son insuficientes para apagarlo

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el jueves 13 pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la tasa de inflación, fue en enero de este año del 2,3%. Lo que indica que en el promedio de la Canasta Básica del Indec, los productos y servicios que la componen aumentaron sus precios en promedio un 2,3%, en relación al 3,7% de diciembre del año pasado.

Es el nivel de aumentos más bajo desde julio del año pasado. Muestra una importante desaceleración de la inflación atribuida principalmente a la estabilidad del dólar, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y el freno a la suba a los combustibles. Aunque se observa una gran disparidad en la evolución de los precios de los distintos rubros de los productos y servicios que componen la Canasta.

Los rubros que más subieron fueron Recreación y Cultura (5%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%). En cambio, la categoría Salud cayó un 2% y Equipamiento y Mantenimiento del hogar, un 1,3%.

“Alimentos y bebidas no alcohólicas es la división con mayor incidencia en el nivel general de las distintas regiones, con una variación mensual nacional de 4,7%. En las subas se destacan carnes y derivados; infusiones, azúcar, dulces y golosinas”, explicó el Indec. Según esta fuente, la suba es consecuencia de la eliminación del IVA Cero para alimentos, por lo que la incidencia de Precios Cuidados fue menor a la esperada. El efecto del aumento de los alimentos viene siendo atemperado en los sectores de más bajos ingresos por las medidas de emergencia, como las bonificaciones de diciembre y enero para los jubilados y pensionados y beneficiarios de la AUH, la devolución a estos sectores del porcentaje del IVA de hasta 700 pesos mensuales en las compras con sus tarjetas de débito, además de la entrega por el gobierno nacional de las tarjetas alimentarias por montos de hasta $6.000 mensuales.

En el caso del rubro de Salud, “registró la variación con menor incidencia en el nivel general de las distintas regiones y una disminución del 2% a nivel nacional, producto del acuerdo gubernamental con la industria farmacéutica para retrotraer precios a valores de diciembre”, según el Indec. Aunque es necesario aclarar que esta retracción en los precios no cambia el hecho de que Salud sea el rubro de mayor aumento de precios en el año transcurrido desde enero de 2019: arrojó un incremento interanual de 63,9% superando la categoría Alimentos que aumentó 58,8% desde esa fecha.

En lo inmediato es posible desacelerar temporalmente el aumento de la inflación, lo que es un alivio para todos los sectores populares. Pero para acabar con la inercia inflacionaria no basta con limitar la emisión monetaria como fuente de financiamiento, la baja gradual de las tasas de interés condicionada por una tasa de inflación esperada, la desdolarización parcial o congelamientos temporarios de algunas variables de la economía y los necesarios controles de los precios negociados con los monopolios. Para acabar con la inercia inflacionaria es necesario acabar con la indexación que existe formal o informalmente en todos los contratos y la desinflación de las deudas en todos los sectores de la economía, como lo venimos planteando en relación a la necesidad de una reforma monetaria integral (ver hoy N° 1799).

No obstante las intenciones anunciadas por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, la dinámica del primer mes de año fue poco alentadora. Los cambios en la regulación en las licitaciones de Leliq y la tenencia de pases pasivos por los bancos, y la baja gradual del piso de la tasa de interés, son insuficientes sin medidas que destinen los fondos en la inversión especulativa a la inversión productiva. Se contradicen con un proceso de desinflación, en la medida que los pesos volcados al mercado se destinen rápidamente a la compra de bienes o al dólar paralelo, volviéndolo referencia para la formación de precios.

El acuerdo de precios y salarios pregonado por algunos economistas del sistema no haría más que mantener una inflación controlada por un tiempo, si no hay un congelamiento de todos los contratos de la economía incluido el sector financiero y la desindexación de todas las deudas. Es necesario acabar con todos los mecanismos de los contratos económicos, comerciales y financieros diseñados para protegerse de la inflación, que son los que la propagan hacia adelante. Por ejemplo el caso de los alquileres que, para esquivar la ley que prohíbe la indexación estipulan un ajuste de precio cada seis meses según la inflación esperada al momento de firmarse el contrato. Aun si nadie esperase inflación, no hubiese emisión de dinero y nadie remarcase un solo precio, en poco tiempo la bomba de los alquileres estallaría en la medida que fueran activándose las cláusulas de aumentos prefijados. En este caso es necesaria la congelación y prórroga de todos los alquileres como sucede en Berlín o Lisboa, acompañándola de un plan nacional de viviendas populares que cubra la falta de éstas en todo el país.

Lo mismo puede decirse de las deudas financieras que, con la indexación implícita en las elevadas tasas de interés, atentan contra cualquier proyecto productivo y ahogan sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a las familias populares como ocurre en los intereses de las tarjetas de crédito. Tampoco alcanza con prohibir la indexación en todos los contratos del Estado, como lo hace España teniendo muy baja inflación; aquí es necesario prohibir toda indexación también en los contratos privados rebajándo drásticamente todas las tasas de interés. Con esto se vincula el pedido al Gobierno de dirigentes de la UIA y de cámaras Pymes de un proyecto para el “reperfilamiento“ de las deudas financieras de las empresas que tomaron créditos a “tasas siderales”, porque si no es “inviable encarar el futuro”.

Escribe Eugenio Gastiazoro

Hoy N° 1803 19/02/2020